Vergüenza e indignación es lo que siente uno ante el
estado de cosas actual en nuestro país. Parece que ya tenemos que
acostumbrarnos y asumir los constantes recortes en nuestros derechos, en
nuestros sueldos, en nuestras pensiones o en nuestros años de jubilación, que
tenemos que pagar cada vez más por educar a nuestros hijos, por enfermar o por
acudir a la justicia en busca de un amparo que se pretende negarnos con unas
tasas coactivas. Está uno harto de políticos corruptos mires donde mires, de
sobres que circulan llenos de dinero, de contratos adjudicados a dedo a
empresas amigas, de sobornos de empresas a políticos, de expolíticos
curiosamente reconvertidos en consejeros de empresas a las que favorecieron
mientras estuvieron en el poder… Hartos de líderes políticos que no dan la
cara, de ruedas de prensa sin derecho a preguntas (¡¿por qué siguen acudiendo
los periodistas a esas pantomimas?! ¡plantón general ya!), de comparecencias
públicas por pantalla de plasma… Hartos de ver cómo, mientras aumenta el número
de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, suben también las grandes
fortunas, consecuencia lógica de exprimir al pueblo para salvar los negocios
mal gestionados de los poderosos, los que nunca pierden… Hartos. Estamos
hartos.
Y cuando unos cuantos indignados deciden echarse a la
calle para decir basta ya, para denunciar los desahucios de familias condenadas
a la indigencia, para manifestarse frente a nuestros supuestos representantes
públicos para demostrarles nuestro desacuerdo con su gestión… cuando unos
cuantos deciden alzar la voz y hacer público el callado descontento general,
entonces la reacción es intentar aplastar esas protestas. Se han quitado la
careta. Ya no se trata de una diferente ideología política, de unas diferentes
teorías económicas, incluso de una diferente afinidad hacia unos u otros grupos
(la gran patronal y la iglesia, fundamentalmente): con el anteproyecto de ley
de seguridad ciudadana presentada en el Congreso a finales del mes pasado, han
salido a la luz los instintos más represivos que habíamos visto en democracia, desde
los tiempos de Franco. Y no lo digo yo: lo dicen los
jueces. Si el pueblo protesta, callemos al pueblo.
No les bastó con llamar perroflautas a las decenas de
millares de ciudadanos indignados que se echaron a la calle hace algunos años,
el famoso 15-M: ahora por ley se prohíbe que concentraciones de esa clase
puedan volver a repetirse. Cuando en 1989 los indignados chinos ocuparon la
plaza de Tiananmen, se les desalojó con tanques; ahora el gobierno español
también compra
tanques de chorro de agua para disolver manifestaciones de este tipo, argumentando
“el clima social”. Parece que las manifestaciones pacíficas asustan al
gobierno. Me vienen a la mente imágenes de los años 70 en Madrid, con los
grises corriendo tras los estudiantes, o de soldados persiguiendo a jóvenes en
Santiago de Chile. No se consideraron necesarios estos medios en su día contra
la Kale borroka, pero
sí ahora cuando ciudadanos pacíficos osan criticar la labor del gobierno. La
libertad de expresión nunca ha gustado en ciertos sectores.
Concentrarse ante el Congreso, el Senado u otras
instituciones públicas, estatales o autonómicas, estará ahora también prohibido
y fuertemente penado. Lógico: si no se quieren ver protestas, menos aún delante
de ti. Igualmente prohibidos quedan los “escraches” pacíficos, el derecho
básico del pueblo de decirle a sus representantes públicos (repito, PÚBLICOS,
con todo lo que implica, y para lo cual se les paga) lo que se piensa de ellos
(claro, el error es pensar…). ¿Democracia? Ni siquiera en tiempos de un
reaccionario radical como Bush-hijo se dejaron de ver en los Estados Unidos
esas manifestaciones ante la Casa Blanca que a menudo aparecen en los
telediarios. Memorables son también las masivas concentraciones delante del
Congreso norteamericano en contra de la guerra de Vietnam, en los 70, aunque la tradición continúa hoy. Aquí no:
eso, aquí, será delito. ¿Democracia? ¿Libertad de expresión? ¡Ja!
Se prohíbe también grabar a los agentes de la autoridad
en acto de servicio. Se acabó esa práctica tan molesta de grabar las acciones
represivas. ¡Dónde vamos a llegar, cuando unos mossos catalanes son llevados al
banquillo por la grabación de un ciudadano mostrando una brutal paliza que
terminó en muerte! ¡Dónde vamos a llegar, si los antidisturbios no pueden
hincharse a hostias contra esos perroflautas de mierda, que es lo que se
merecen, por temor a que algún periodista o algún ciudadano con su móvil lo
grabe y luego lo denuncie ante algún juezucho rojo! Prohibido grabar y punto.
Volviendo al ejemplo anterior, pocos países tienen policías tan represivas, y
tan dispuestas a tirar de gatillo, como los Estados Unidos; pero allí no se han
atrevido a ir contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, allí ni
siquiera se cuestiona que los periodistas sigan a los policías grabando sus
actuaciones desde helicóptero, como la Guardia Civil de tráfico. Allí la simple
mención de intentar prohibir eso causaría un escándalo sin precedentes. Aquí
no. De nuevo… ¿democracia? ¿Libertad de expresión? ¡Ja!
No es eso todo: multas superiores a algunas de las que se imponen
por delitos como los relacionados con la venta de drogas serán ahora
impuestas por manifestarse sin permiso o por insultar a un cargo público. Los
delitos de injurias o de “ofensas a España” vuelven a adquirir una notoriedad
que no veíamos desde el franquismo, cuando cualquier intento de crítica debía
mantenerse en la intimidad, en voz baja y mirando a tu alrededor por si te oía
alguien.
El estado policial, que tanto parecen anhelar, se impone:
la palabra de un funcionario policial será ley. No harán falta pruebas para
sancionar con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros: si el policía
acusa de algo a un ciudadano, será responsabilidad del ciudadano probar que no
es cierto. La presunción de inocencia se sustituye por la presunción de
culpabilidad. Si el ciudadano quiere ejercer su derecho a demostrar su
inocencia (ya decimos que la culpabilidad ahora se le presupone, como ciudadano
de mierda que es), tendrá que intentar acceder al sistema judicial previo pago
de las correspondientes tasas desincentivantes. ¿Democracia? Un insulto a la
democracia, eso es lo que es.
Prohibición de instalar tenderetes para recogidas de
firmas, sanciones por colgar pancartas, la no exigencia de mostrar el número
identificativo de los agentes del orden (volvemos a eso tan típico de las
películas americanas de apuntar el número de placa del agente que se sobrepasa
en sus funciones… aquí serán anónimos, son ellos los que pueden identificarte a
ti siempre que quieran, no al revés), etc, etc, etc. ¿Decía en el título
“vergüenza e indignación”? Me quedo corto.
Pero no pasa nada. La ley saldrá adelante, como todo lo demás.
Y nos callaremos, salvo cuatro gatos a los que ahora intentarán amordazar
mediante estas prácticas sancionadas por ley. Y, pese a todo, seguiremos
votándoles. Como en Valencia, sin ir más lejos, donde un presidente corrupto,
al que todos hemos oído conversaciones grabadas con su “amiguito
del alma” de la Gürtel, vuelve
a salir con mayoría absoluta. Tenemos lo que nos merecemos. No sé de qué
nos extrañamos. En realidad, estamos diciendo lo contrario: dame, dame más, que
me gusta.
Así nos va.
¿Alguien cree que exagero? Podéis leer los detalles en este
informe del magistrado Carlos H. Preciado, de Jueces para la Democracia,
cuyo título lo dice todo (Anteproyecto de ley de represión ciudadana)
Aunque recomiendo leer con detenimiento el informe
anterior, si, como es demasiado habitual en estos días de las microfrases por whatsapp y twitter, no os apetece leer tanto (ya
me doy por contento si habéis llegado hasta aquí), podéis leer otros análisis
sobre el tema en diferentes artículos de prensa:
Somos como corderos...directos al matadero. Pero tengo esperanza que en las próximas votaciones algo cambiará,,sino fuese así me tiro al monte.
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